#192 Basurero Nuclear

 

La gran caravana

Más de 20 años transcurrieron desde la multitudinaria marcha que dio un portazo definitivo al proyecto del basurero nuclear. Más de cuatro mil personas recorrieron 450 kilómetros de ripio a través de la estepa patagónica para llegar a Gastre, dando la más contundente respuesta al gobierno de Carlos Menem, que pretendía pisotear la Constitución Provincial, imponiendo el primer repositorio de residuos radioactivos de alta actividad del planeta.

Las noticias llegadas de Buenos Aires en el mes de junio de 1996 convulsionaron a Chubut. Un plenario de cinco comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación daba potestades a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para decidir el emplazamiento de un «repositorio final para residuos de alta, media y baja actividad». El despacho además expresaba que «de no llegarse a un acuerdo con la provincia en cuyo territorio se propusiese la localización de su emplazamiento, el Poder Ejecutivo Nacional remitirá los antecedentes a una comisión bicameral del Congreso de la Nación que se constituirá a tal efecto, la que deberá expedirse sobre la localización definitiva, siendo ello vinculante para las partes intervinientes». De esta manera pasaban por arriba el artículo 110 de la Constitución de Chubut que prohíbe taxativamente desde la reforma de 1994 «la introducción, el transporte y el depósito de residuos radioactivos».

La historia comienza a principios de 1980, cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) anunció que construiría un repositorio de Residuos Radioactivos de Alta Actividad, conocido comúnmente como “basurero nuclear”, en Sierra del Medio, a 70 km de Gastre, que en ese momento tenía alrededor de 400 habitantes. Este sería el primero del mundo.

En Chubut los pobladores comenzaron a organizarse, reunieron 8.000 firmas en octubre de 1986 y las entregaron al entonces presidente Raúl Alfonsín que visitaba la ciudad de Trelew en ocasión de su centenario. En ese entonces se dijo que el proyecto quedó paralizado, sin embargo después de 1991 comenzó nuevamente el movimiento de la CNEA en la zona que culmina en 1996 con la resolusión de la Comisión de Energía de Diputados de la Nación que aprobó la construcción del basurero atómico.

La marea privatizadora del gobierno menemista había llegado a la energía nuclear con la intención de deshacerse de las centrales nucleoeléctricas y obtener una buena renta alquilando el basurero atómico a las potencias mundiales, que al día de hoy no saben qué hacer con la letal escoria radioactiva. A 70 años del inicio de la era nuclear, no existe un solo repositorio de residuos radioactivos de alta actividad en el planeta.

La gran caravana a Gastre produjo un fuerte impacto en los medios nacionales e internacionalizó una lucha que había comenzado en la década del 80 gracias al empuje de Javier Rodríguez Pardo, reconocido militante fallecido el año pasado, fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut y referente del ecologismo latinoamericano. El gobierno de entonces no tuvo en cuenta que el pueblo de Chubut llevaba 13 años batallando sin claudicaciones contra el repositorio nuclear.

Desde que se anunció el proyecto en el Parlamento nacional se sucedieron actos, marchas y movilizaciones espontáneas por toda la Patagonia: 3.500 estudiantes salieron a las calles en Caleta Olivia, en Puerto Madryn una inmensa cadena humana con más de 5 mil jóvenes escribía con sus cuerpos, sobre la arena de la playa: «No al Basurero Nuclear. Patagonia No Nuclear», en Trelew se registraban fuertes movilizaciones y actividades en la Plaza Independencia, y así en muchos lugares. De esta manera se iba dando un rechazo rotundo en todos los rincones de la Patagonia, repulsa que a esa altura encontraba eco en funcionarios que habían mantenido un sospechoso silencio durante los años anteriores.

La consigna de marchar a Gastre fue lanzada por Javier Rodríguez Pardo en una de las masivas concentraciones en la Plaza Independencia de Trelew. En cuestión de días se gestionaron decenas de colectivos (que no alcanzaron) para trasladar a más de 4 mil anotados. Cientos de vehículos particulares fueron también de la partida. No hubo medio nacional, televisivo ni gráfico que no haya cubierto el rotundo rechazo de los chubutenses al sepulcro radioactivo. Las imágenes de la interminable caravana de vehículos daba la vuelta al mundo.

Recordar la gesta antinuclear de Gastre es imprescindible; los más jóvenes deben saber que antes de su nacimiento fueron condenados a vivir con el primer cementerio nuclear del planeta. Reflexionar sobre lo que pretendían poner dentro del macizo de Sierra del Medio estremece. El plutonio -239 por mencionar uno solo de los radionucleidos- tiene una vida media de 24.200 años, recién después de este tiempo decaerá a la mitad su capacidad de hacer daño. Sepamos, la millonésima parte de un gramo de plutonio causa cáncer.

A 20 años de aquella gran marcha, no existe hoy un Repositorio de Residuos Radioactivos de Alta Actividad funcionando en ningún lugar del mundo. Los pocos intentos por construirlos fracasaron, demostrando que la industria nuclear no tiene respuesta para el peor flagelo que genera: la letal basura radiactiva generada tras la fusión nuclear de los reactores atómicos.

La lucha de Gastre, hizo posible que se introduzca en la Constitución Provincial y Nacional la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos radiactivos o susceptibles de serlo. Gastre es, además, el antecedente inmediato de las asambleas socioambientales y una referencia inevitable de muchas batallas ganadas por los pueblos en defensa de sus territorios. Esta movilización representó uno de los hitos de la lucha socio ambiental, antecedente inmediato de las grandes movilizaciones contra la megaminería en otros puntos del país como Esquel, Famatina y Gualeguaychú, donde los pueblos se levantaron rechazando la imposición de proyectos perjudiciales para la vida de las poblaciones.

Mirando atrás, dos enseñanzas quedan muy claras; la primera, es que aún no hemos logrado construir alternativas económicas a los modelos cortoplacistas y contaminantes -ligados mayormente a grandes intereses económicos transnacionales-, y que impliquen un desarrollo sostenido en el tiempo y sosteniendo el medio (los ecosistemas) en el que vivimos, un desarrollo por y para el bien de las comunidades. La segunda, que mientras eso no suceda, una creciente conciencia ambiental impulsará a nuestros vecinos a rechazar que sus territorios sean declarados zona de sacrificio.

#184 La basura de mi vecino

 

El megabasurero de residuos mineros

Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012.

La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.

La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.

Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.

En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la “mudanza” del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un “canon” en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era “oportunista”.

El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.

Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.

Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.

Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como “un tema entre empresas particulares”.

En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aun así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.

Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.

Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.

Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.

Los investigadores ambién localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, “polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla”.

Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que “casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas”.

En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró “un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera”. También se notó que “presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera”. Y que en la zona hay “contaminación por nitrato como nutriente limitante”.

A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010. Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.

Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.

En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.

Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el “aislamiento ambiental y sustentable” de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.

Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.

Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:

Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.

Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que “es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes”. Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.

Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. “Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal”, explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.

Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe “el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos”.

#161 Rulo

 

El Tren a las Nubes

Los que solo conocen la foto del Viaducto y no saben del gran trazado de Salta a Antofagasta, en Chile, bien pueden pensar que el Tren a las Nubes es eso justamente. Pero no. La denominación “Tren a las nubes” tiene por lo menos 45 años y siempre se refirió al viaje de Salta hasta el Viaducto de la Polvorilla.

La razón de ser de este trazado no fue inicialmente turística, sino comercial y estratégica. Fue Hipólito Yrigoyen el primero en considerar que una vía férrea que conectara Argentina con Chile sería provechosa para la salida de la mercadería argentina hacia el Pacífico. La construcción comenzó su construcción en 1921, bajo la supervisión del ingeniero Richard F. Maury. Pero las dificultades políticas, técnicas y climáticas fueron tantas que se inauguró recién en 1948.

Estaba previsto que asistieran los presidentes argentino y chileno, Juan Domingo Perón y Carlos Ibáñez del Campo. Pero ambos faltaron por recomendaciones médicas. En lugar de Perón viajó el ministro de Obras Públicas, Juan Pistarini, a quien la puna también le impidió llegar a Socompa. Después de 27 años, y con un cambio de trazado incluido -que hizo que el paso fronterizo elegido fuera Socompa (de menor altura y más conveniente para Chile), y no Huaytiquina-, el sueño de Yrigoyen era realidad.

Maury, desvinculado de la obra tras la asunción de Uriburu, no fue invitado a la inauguración. No hay pruebas fehacientes de que haya visitado Socompa, aunque es muy probable que haya querido conocer ese hito, la cumbre de su gran obra. Murió dos años más tarde, el 10 de julio de 1950 en Córdoba. Siete años después sus restos fueron trasladados al mausoleo que se construyó en su honor en Campo Quijano, el portal de los Andes, muy cerca de las vías y de la primera locomotora que trabajó en el ramal C 14. De Salta a Antofagasta, el trazado es 951 km, de los cuales 571 km están dentro de Argentina. Incluye 31 puentes, 21 túneles, 13 viaductos y 9 cobertizos.

Recorrer el trazado del ramal C 14 por tierra es como darle un guión a un viaje por la puna. Basta mirar el mapa y ver cómo el trazado avanza por esas alturas imposibles, que aún hoy mantienen la vida humana bastante a raya, para comprender que el ramal C 14 fue una verdadera hazaña.

Con excepción de San Antonio de los Cobres cuya existencia es anterior, los pocos pueblos de la puna salteña deben su razón de ser al tren. Las estaciones, abandonadas casi todas, saqueadas la mayoría, son la piedra fundamental de un derrotero que, con un poco de suerte, continúa la minería.

El tren funciona. No solo en esta versión “light” para el turismo. El de carga también pasa cada tanto, pero nadie sabe bien cuándo, ni de dónde a dónde. Pasa casi como el tren fantasma. Además, hace años que la aduana dejó el paso fronterizo de Socompa y se instaló en Pocitos, a 211 km del límite. El comercio entre ambos países era ya tan escaso que no justificaba una dotación de aduana a esas alturas. Ahora, dicen, el tren sigue funcionando entre Pocitos y algún lugar de Chile.

A medida que se avanza hacia el oeste aparecen las botellas de aceite de litro, de alcohol, de ginebra, de Polyana 555, de licor Peters Hnos. Hay cientos de ellas, la mayoría rotas, pero algunas intactas. Suelas de zapatos, enseres de hierro oxidado. Toneladas de remaches. Miles de durmientes de quebracho. Vías inglesas de 1884, 1902, 1910, y algunas argentinas de 1921, 1937, 1948. Una sucesión de años que se acumula con el mismo destino: el olvido. Es como un museo a cielo abierto. Solo que este no sabe que es tal.

En Laguna Seca, una de las últimas estaciones con aspecto de chalet de tejas, los muros acusan a los del Salar de Rincón de haberse llevado aberturas, artefactos, piso y todo aquello que encontraron a su paso. Un poco más allá, la RP 27 se introduce en el Desierto del Diablo. Dicen que quien recorre los laberintos de Los Colorados tiene grandes chances de cruzarse con Huancar -como se menta por aquí al diablo- y, aseguran, más de uno ha sellado pactos secretos con él. Pero si uno no sabe, la imagen de la ruta que surca recta esa geografía de cerros curvos y bien rojos no tiene nada de satánica: más bien por el contrario, es la postal perfecta de la belleza de la puna.

A partir de la estación Km 1506, las construcciones pasan a ser más andinas, austeras, de adobe. pero igual de saqueadas. Antes de llegar a Tolar Grande, el otro alto obligado son sus Ojos de Mar, tres agujeros de color celeste transparente en medio de un salar blanco inmaculado. Allí descubrió la bióloga tucumana María Eugenia Farías los fósiles más antiguos de la tierra: los estromatolitos. A lo largo de millones de años han afectado la evolución del planeta fijando dióxido de carbono y produciendo grandes cantidades de oxígeno a través de la fotosíntesis, liberando el oxígeno a los mares, a la atmósfera y creando la capa de ozono. Por eso los Ojos de Mar, además de bellísimos, tienen un alto valor científico.

Esa combinación, más el hallazgo de los niños del Llullaillaco en 1999, hizo que Tolar ganara impulso en el incipiente desarrollo del turismo de altura. La comunidad local se organizó y abrió varios hospedajes familiares, a los que sumó la nueva hostería municipal Casa Andina, un auténtico pequeño lujo, muy bien puesta y decorada, con buena calefacción y baño privado.

El Salar de Arizaro es otro dominio rojo con pinceladas de gris, que de pronto se hace blanco y hostil. La estación Taca Taca, a unos 10 km de la RP 27, es un revuelo de papeles y memorándums del tren que se mantienen intactos.

Si no fuera porque están todos mezclados en el suelo, el Vale por Materiales de 1967, con el Parte de Inasistencia de 1988, el Detalle de Liquidaciones de 1939 con el Informe Mensual de Vivienda de 1991 o el Parte de Accidentes de 1987 (donde se relata un descarrilamiento a causa de la nieve y el hielo), parecería que fue ayer que el último empleado se fue y cerró la puerta. Pero los indicios del tiempo son implacables. Una lata de picadillo La Negra, un par de pilas Eveready rojas, las que tenían un gato negro que saltaba dentro de un número 9. Se nota también que desde el año 40 los recursos escasean porque casi todos los formularios están escritos de los dos lados: en el anverso pasa algo en el año 67 y en el reverso, que data de 1975, sucede otra cosa.

Caipe campanea a lo alto sobre una pampa gris y yerma. Se accede por asfalto, el que usaban los camiones que traían hasta aquí el azufre que sacaban de La Casualidad. La mina cerró a finales de los 70 pero la ruta sobrevive, como una curiosidad más que solo la historia puede explicar: 30 km de pavimento en un territorio tan vasto dominado por el ripio.

En esa aridez, Caipe parece un oasis de altura, donde en lugar de camellos hay vicuñas, y en lugar de palmeras, álamos. Una vertiente natural que brota allí mismo es la causa de esa rareza. Pasan las aves volando por entre los huecos de las ventanas. Aquí todavía está, volcada y maltrecha, la caja fuerte Bash (cada estación tenía una); y también sobrevive intacta una bañera: la primera y única que se encuentra entre todas las estaciones.

Por un camino de cornisa se llega al gran final que es Socompa. Cómo se habrán sentido los trabajadores del Huaytiquina a medida que avanzaban hacia esa meta, el encuentro de los rieles de un país y el otro. A los pies del volcán que le da nombre al paso aparece la laguna Socompa, con un fuerte olor a azufre. Aquí también, dicen los científicos, hay valiosos e invisibles estromatolitos.

A la salida de la estación Chuculaqui, a 4.300 metros de altura, muy cerca de la ruta, la tumba de Karl Hillmer tiene por epitafio “Se lo encontró helado”. Cuentan los locales que era un marino alemán que llegó a Buenos Aires en 1930 y que, como suelen hacer los marineros, se fue de juerga por la noche. Él y un amigo perdieron el barco, que zarpó sin ellos.

Entonces ambos decidieron que, ya que el barco volvía a subir por el Pacífico, cruzando por el Cabo de Hornos, podían alcanzarlo yendo en tren hasta Salta y de ahí a Caipe (que era, hacia 1930, punta de rieles), para seguir a pie por la cordillera y alcanzar la nave en Antofagasta. Dicen que a pesar de que le advirtieron acerca del frío y el viento blanco, Karl Hillmer se lanzó a cruzar solo y pereció helado el 5-9-1930. Se supone que su amigo fue capaz de llegar a Socompa y atravesar el paso. Hillmer fue encontrado e inhumado por la familia Alegre de Quebrada del Agua. Cada tanto alguien lleva una flor de plástico o de papel al Alemán Muerto, que ganó fama inmortal en las alturas de la puna.

El paso de Socompa, a 3.870 metros, está cerrado para automotores. Sólo puede cruzarse a pie o en bicicleta, nos informan los gendarmes ante nuestra mirada incrédula. “Hace poco pasó un japonés loco en bicicleta”, aseguran. Su presencia no se justifica por eso, sino por el tráfico de drogas. Desde 2016, está habilitado únicamente de octubre a mayo. Nieva tanto en La Hoya, unos metros después de la laguna, que el acceso queda bloqueado gran parte del invierno. Los carabineros chilenos, en cambio, pasan allí todo el año. Tienen internet y motor diésel. Del lado argentino, una pantalla solar.

La estación del tren está cerrada. A diferencia de las demás, protegida por los gendarmes, se mantiene entera y en pie. La chilena, a pocos metros, también está abandonada. Hay rumores de reacondicionamiento. A veces, hasta llegan rumores de asfalto. Vienen de tan lejos que en el camino se pierde la fuente. Un día de estos pasa el tren. Quién sabe.

#110 Espías a la fuerza

Espías a la fuerza en el caladero de Malvinas

El “Usurbil” era un barco de la hoy extinta Pesquera Vasco Gallega. Donde antes estaba su sede, en el Berbés, hoy está Pescanova. La historia de este pesquero podía ser como la de otros de su clase, que empezaron faenando en aguas del sur de África y que a finales de la década de 1970 se trasladaron en busca de nuevos caladeros a Argentina y a las Malvinas. Siempre con la obligación de constituir una empresa mixta en el país, lo que venía a significar que desde ese momento el buque pasaba a tener bandera argentina y los principales mandos serían también del país. Su historia podía ser como la de cualquier otro si no fuese por su marea número 23. No es que fuese una marea histórica por la cantidad de pescado capturada.

En realidad, durante los 28 días que duró, sus aparejos no tocaron ni una sola vez el agua y no pescaron ni la primera merluza. Aunque como otras muchas veces el barco zarpó una tarde del puerto de la localidad de Ingeniero White, aquella no fue una vez más. Era el 20 de abril de 1982 y en aquel momento Argentina e Inglaterra estaban enfrentadas por la guerra de las Malvinas.

La tripulación del “Usurbil”, con 22 españoles a bordo y la gran mayoría gallegos, no lo sabía entonces pero el buque estaba punto de ser “militarizado”. Iba a ser empleado como barco espía camuflándose bajo su apariencia de pesquero. Una táctica que la dictadura argentina empleó con otros pesqueros, aunque la historia del “Usurbil” apenas se conoce.
Cuando el “Usurbil” sale de Ingeniero White lo hace oficialmente para pescar y raro es el tripulante que durante los días previos dudase sobre la conveniencia o no de embarcarse. La guerra entre Argentina e Inglaterra acababa de empezar y su lugar de faena estaba en mitad de la zona de conflicto. Lo que ni siquiera podían imaginar es lo que sucedería después. Fernando Otero recuerda perfectamente como en la medianoche de aquel 20 de abril, en mitad de su guardia en la sala de máquinas, llegó el médico del barco para decirle: “Che Fernando nos vamos pal frente. Hay que ir a Mar del Plata a coger material quirúrgico y de restauración para recoger a pilotos heridos en combate”. La primera señal evidente de que aquella no iba a ser una marea más.

La reacción del oficial fue avisar al resto de la tripulación española y preparar su maleta para bajarse en Mar del Plata. Pero no tuvo esa oportunidad. El “Usurbil” fue a Mar del Plata, aunque no llegó a ir al puerto. Fue una lancha la que se acercó al pesquero y a bordo subieron un responsable de la empresa en Argentina y un militar, que se fueron directamente al camarote del capitán. Allí estuvieron alrededor de una hora y al cabo de ese tiempo sólo salió el representante de la empresa, que se subió inmediatamente a la lancha y dejó con la palabra en la boca a los tripulantes, que le reclamaban explicaciones.
Poco después se celebró una reunión en la cámara de oficiales en la que se presentó el militar, que era un alférez de fragata y que comunicó a los oficiales la nueva situación: el barco estaba militarizado, la radio estaría en contacto las 24 horas con Buenos Aires y las comunicaciones de la tripulación con sus familias quedaban prohibidas de manera momentánea. Fue un momento de gran tensión. La tripulación española expresó que nada tenían que ver con aquel conflicto. Sus contratos eran españoles, tenían Seguridad Social española y cobraban en pesetas. Aquellas razones, y el hecho de que España en aquellos momentos mantuviese relaciones diplomáticas con los dos países en conflicto, no sirvieron de nada. Sólo para recibir una amenaza en absoluto velada. En aquellas circunstancias ellos eran oficiales de la Marina Mercante de Argentina y que podían ser procesados por sedición. No les quedó más remedio que asumir lo que ocurría.

En aquellos primeros momentos el “Usurbil” no navegaba solo ya que lo hacía en formación con el “María Luisa” y con el “Narwal”, que poco después se haría tristemente famoso. Al principio navegaban rumbo a las Malvinas, aunque poco después pondrían dirección a Brasil. Durante esos días el capitán del “Usurbil” se tomó muy en serio su papel y dio el alto a algunos barcos, reclamando que se identificasen. La actitud del oficial estaba poniendo en evidencia que aquellos buques no estaban precisamente pescando.

El 30 de abril de 1982 los barcos se separan. El “María Luisa” regresa a puerto, el “Narwal” se dirige hacia las Malvinas” y el “Usurbil” enfila más al norte, en dirección a la isla Ascensión, en mitad del Atlántico. Durante los siguientes días la tranquilidad fue la nota predominante e incluso el capitán ordena preparar los aparejos para largar y pescar algo. Aquella orden sorprendió. “¿Largar el aparejo? ¿Para qué? ¿Para coger mariposas?”, fue la contestación del patrón. En aquellos momentos estaban en profundidades de 2.000 metros de profundidad y los aparejos del “Usurbil” eran de arrastre, para fondos de no más de 200 metros.
El 2 de mayo la tripulación tuvo la única ocasión de ponerse en contacto por radio con sus familias, pero con la advertencia de no revelar ningún detalle sobre su “misión”.

El día D

El 8 de mayo de 1982 fue el día D para el “Usurbil”. De repente, en la sala de máquinas, desde el puente reciben la orden de moderar. Notaron algo raro. Cuando uno de los maquinistas regresa de hacer averiguaciones, la respuesta fue de lo más desconcertante: “No sé que pasa, pero la gente está con los chalecos y dispuestos a subirse a los botes salvavidas”. La reacción del oficial fue poner en marcha otro motor y ordenarle a su compañero que iniciase la maniobra de achique. Sin embargo, no pasó nada más.

Al acabar la guardia se enteraron lo que había ocurrido: el “Usurbil” se había encontrado de frente con una flotilla inglesa formada por ocho barcos, que en el radar aún aparecían en formación de “3,3,2”. Los británicos dieron orden al “Usurbil” de que se apartase, a lo que el capitán argentino Adolfo Arbelo se negó respondiendo que “iban en rumbo de colisión”. Al final, de uno de los barcos despegó un helicóptero y obligó al “Usurbil” a apartarse. Este era uno de los momentos que esperaba el militar que viajaba a bordo, que de su maletín sacó una cámara fotográfica y empezó a tomar imágenes de los barcos ingleses.

Aquellos fueron momentos de gran tensión. Al final argentinos e ingleses siguieron su rumbo. Eso sí, en el “Usurbil” poco después de aquel momento de tensión comenzó a sonar música de fiesta en los altavoces y a escucharse gritos de “se rajaron, nos tuvieron miedo”.
De todos modos la marea del pesquero estaba a punto de concluir. A las nueve de la mañana del 9 de mayo entraba un mensaje por el radiotelégrafo que procedía de Buenos Aires: “El mercado está saturado”. Era la señal, la clave que indicaba que era momento de regresar a puerto. El capitán intentó convencer a los mandos militares para continuar con la “misión” y empleó otra clave: “Estamos siguiendo un cardumen de merluza”. Sin embargo en Buenos Aires no estaban para muchas bromas y ordenaron el regreso inmediato. La razón la descubrieron de enseguida: hacia apenas unas horas la flota inglesa había atacado al “Narwal”, el pesquero que había acompañado en los primeros días al Usurbil y había fallecido un civil. Los ingleses sabían perfectamente que era un barco espía y cuando entraron en el “Narwal” preguntaron por el militar que sabían que estaba allí.

El regreso a Argentina no fue fácil. El “Usurbil” se encontraba lejos de la costa y la Royal Navy había advertido que cualquier barco que estuviese fuera de las 200 millas de las aguas territoriales sería considerado enemigo. No les quedó mas remedio que acercarse a Brasil para bordear su costa y la de Uruguai. Finalmente, el 13 de mayo de 1982 el “Usurbil” llegaba a Buenos Aires para concluir una marea de 28 días con sus bodegas vacías y en la que tuvo que ejercer de espía.

La dictadura militar premió a la misión con un plato decorativo… “Made in Hong Kong”
Las familias de los marinos españoles no supieron nada de lo ocurrido hasta que llegaron de nuevo a Galicia, el 19 de mayo de 1982, y contaron lo que había sucedido. También se lo contaron a la empresa Pesquera Vasco Gallega, que reconoció que sabía que el barco estaba militarizado, pero que no pudieron hacer nada. A pesar de no haber pescado absolutamente nada, aquella marea la cobraron como una más. Algunos de los tripulantes decidieron quedarse y seguir en Argentina, mientras que otros tardaron bastantes años en regresar.
Aquellos marineros que fueron enviados al frente sin saberlo son críticos con la actuación del gobierno de la dictadura. Pero también encuentran motivos para la ironía. “Cuando llegamos a Buenos Aires, nos reunieron y los militares nos entregaron un plato decorativo. Un solo plato para toda una tripulación de 50 hombres”, cuentan sonriendo. Pero no es lo único que recuerdan sobre aquel peculiar reconocimiento. Era un plato “Made in Hong Kong”, entonces aún colonia británica. Ironías de la vida y de la guerra.

#077 El regreso del Yaguareté

Iberá, el arca de la vida del siglo XXI

En una experiencia sin par a nivel mundial, CLT Argentina lleva adelante el proyecto que busca restaurar especies extintas como el yaguareté, el oso hormiguero, el pecarí de collar, el tapir, el lobo gargantilla y el guacamayo, entre otras. Los Esteros del Iberá, Corrientes, es el escenario de estos trabajos científicos que en el caso del oso hormiguero ya va por su décimo año.

Como resultado de estos esfuerzos, en la actualidad ya hay dos poblaciones de osos hormigueros y de venado de las pampas claramente establecidas, junto a núcleos iniciales de tapires, pecaríes y guacamayos rojos. Mientras tanto, avanza el mayor de los objetivos que es restablecer la presencia salvaje del felino más emblemático del continente, del cual solo quedan unos 200 ejemplares en toda la Argentina: el yaguareté.

La isla de San Alonso, en pleno humedal, con sus once mil hectáreas, pasó de ser un campo ganadero a ser un área dedicada exclusivamente a la producción de naturaleza, conteniendo las instalaciones del Centro Experimental de Crías del Yaguareté (CECY), como parte de la iniciativa de restauración de fauna más ambiciosa del continente americano.

Allí se levantaron los corrales de cría, una sorprendente construcción en la que se usaron 300 toneladas de tubos de hierro, más de 100 kilos de alambre y 1.000 postes. Los materiales, donados en un 70% por empresas argentinas fueron cruzados en balsas a la isla en un operativo que llevó varias semanas y que se completó con bueyes que llevaron las toneladas de hierro por un campo gredoso.

El perímetro de cuatro kilómetros en cuatro octágonos albergó inicialmente a una pareja de yaguaretés, tras más de 50 de ausencia de esta especie en la provincia.

La hembra Tobuna que se encontraban en cautiverio, atraviesa una fase de “asilvestramiento”, esto es, un progresivo reaprendizaje de la vida en libertad. Un año más tarde se unió el macho Nahuel. Más reciente es la llegada de Chiqui, otro ejemplar macho, procedente de Paraguay, el cual rompía las fronteras administrativas para unir a Argentina con un país vecino en el interés común de proteger a esta especie.

El equipo de biólogos que conviven con los felinos, esperan, que los animales produzcan crías con la idea de que los cachorros no dependan en absoluto de  los seres humanos y cacen la diversa fauna del lugar: carpinchos, aguara-guazú, venados, pecaríes y tapires, entre otros. El proyecto fue inspirado por el filántropo estadounidense Douglas Tompkins, millonario y ecologista pertinaz que destinó su fortuna y su vida al servicio de la restauración de especies y ambientes. El hombre no se limitaba a comprar y devolverle la salud, ecológicamente hablando, a grandes territorios para después donarlos a los Estados nacionales sino que desafiaba a su equipo a “soñar en grande”.

Tompkins creía que en el mundo, más allá de los paisajes es necesario recuperar los procesos ecológicos, trabajar para que los ecosistemas funcionen. No limitarse a crear áreas protegidas sino que sean parques nacionales, trabajar con la comunidad, crear destinos turísticos, restaurar. La restauración es una visión que en Latinoamérica no existe, porque hay tanto territorio y tantos ecosistemas por conservar que no se plantea recuperar las especies que se extinguieron. Su legado en Sudamérica es la visión de restaurar y que los parques nacionales sirvan como motor de economías locales.

De entre las especies extintas, el vistoso guacamayo rojo cuenta con un proyecto en marcha en Cambyretá, en el norte de los esteros, porque es considerado clave para el funcionamiento de los árboles nativos: dispersa sus frutos y semillas. Además, su espectacular presencia es un atractivo turístico sin par que recupera un valor cultural para los pobladores e implica el retorno de la especie a la Argentina.

En la visión de los ecologistas, la restauración ambiental de los esteros en la que trabajan desde hace 10 años y donde la fauna silvestre estalla, tiene un solo destino: donar en etapas un total de 150 mil hectáreas para el futuro Parque Nacional Iberá de 700,000 hectáreas, proceso que ya es ley nacional.

#071 La infancia fumigada

La Argentina fumigada: el costo humano de los agrotóxicos

En lo que representa un fallo histórico, el tribunal oral de Concepción del Uruguay condenó, a un año y 6 meses de prisión en suspenso, a los tres imputados por fumigar en cercanías de un establecimiento escolar.

Se trata del caso de la escuela fumigada N° 44 “República Argentina” de Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos. Fue el primer dictamen en la Argentina en torno a la protección de docentes y alumnos rurales. La Justicia responsabilizó al presidente de la empresa fumigadora, al dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio y al piloto que manejaba la aeronave, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.

Los pesticidas peligrosos afectaron la salud de la maestra Mariela Leiva y de un grupo de estudiantes que asistían a la escuela rural.

Para tomar dimensión del impacto, basta saber que a nivel mundial, el 10% de la agricultura utiliza agrotóxicos, mientras que en la Argentina, el porcentaje de siembra directa sobre el área cultivada es del 90 por ciento.

A pesar que la decisión del tribunal “sentó un precedente” y contra lo que viene sucediendo en varias provincias y municipios que ampliaron las distancias de fumigación para proteger a los centros poblados, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación están a punto de dictar una resolución que reduce al mínimo esas distancias para la aplicación de agroquímicos.

La inminente decisión funcional al lobby sojero y a la industria química, fue anunciada por los ministros Sergio Bergman y Ricardo Buryaile. Según el funcionario de ambiente, lo que ocurre en materia de las distintas normativas es un caos, aunque no percibe de igual modo el desastre sanitario generado por las fumigaciones con estos venenos. Por ello están consensuando una resolución para que después adhieran las jurisdicciones. Saldrá como una resolución sin consulta ni participación del Ministerio de Salud ni del Congreso.

Actualmente, las distancias para la aplicación de los venenos utilizados por la agroindustria están reguladas en las legislaciones provinciales y ordenanzas municipales. Y considerando el aumento de los casos de intoxicación aguda y del incremento de las patologías crónicas relacionadas a la utilización de agrotóxicos, esas distancias, permitidas siguen siendo muy bajas.

En 2010 se dispusieron 200 metros de distancia de centros poblados para la aplicación aérea y 100 metros para la pulverización terrestre. Pero varios municipios y algunas provincias, de a poco, y a fuerza de la presión social y fallos judiciales, fueron ampliando esas distancias mediante normativas propias. Incluso varios fallos judiciales en varias provincias, prohíben la fumigación con venenos a menos de 1.500 metros y han declarado inconstitucional la aplicación a menor distancia.

Sin embargo, la arremetida oficial fue puesta a prueba con anterioridad. Sobre tablas y sin debate, en los primeros días de julio se presentó un proyecto que obtuvo el visto bueno de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires casi por unanimidad: una ley que autoriza la aplicación de glifosato a 10 metros de los límites urbanos.

Varias organizaciones ambientalistas y políticas la rebautizaron como “ley procáncer”. ¿Cuál es el criterio objetivo para establecer una exposición humana a los pesticidas? ¿Qué estudios se realizaron para establecer la exposición humana a los pesticidas? ¿No se estará buscando impunidad frente la generación de daños sanitarios y ambientales por uso masivo de pesticidas?

La ley establece una zona de exclusión total donde no se permite la fumigación; y alrededor una zona buffer o de amortiguamiento que, cuando las condiciones meteorológicas no están dadas, se convierte también en zona de exclusión. En condiciones adversas se van a prohibir cosas que hoy se permiten en la pulverización terrestre. Si hay probabilidad de que el producto llegue a la zona urbana, estará prohibido.

El proyecto se presentó como una forma de regular el uso de agroquímicos para “proteger la salud humana y los ecosistemas”, pero el sector ambientalista argumenta que hoy ni siquiera se aplica la normativa vigente y que se debe respetar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En efecto, en diciembre de 2014 el máximo tribunal confirmó que no se puede pulverizar agroquímicos a menos de mil metros de una vivienda porque así lo disponen las normativas actuales. En otras palabras, esta iniciativa ablandaría la protección legal. Implica retroceder en las medidas de protección para la salud y el ambiente, donde los únicos beneficiados son empresas agroquímicas y no tiene en cuenta el costo humano de los agrotóxicos.

Estudios médicos recientes han relacionado una mayor exposición a plaguicidas con un aumento en la incidencia de algunos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas y alteraciones en el sistema endocrino e inmunitario. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas considera al glifosato un producto “probablemente cancerígeno”.

#066 Los chicos de la guerra

Soldado Argentino solo conocido por Dios

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entregó a un primer grupo de los familiares de caídos en Malvinas los resultados del ADN efectuado a los restos de 121 tumbas, que se levantan en el cementerio de Darwin y que estaban sin identificar de un total de 230.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que logró identificar 88 restos. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabajó con el CICR en el proceso de identificación, confirmo que una de las tumbas analizadas tenía restos de dos cuerpos, por lo que se procesaron muestras de 122 personas.

El EAAF a cargo de la identificación de los caídos, viajó a fines de 2014 a las islas para exhumar los cadáveres y realizar pruebas de ADN. Entonces unas 78 familias habían aportado sus datos y muestras de sangre. Los forenses tuvieron un máximo de ocho semanas para desplegar un equipo de unas 20 personas, abrir las sepulturas, tomar restos, cerrar las sepulturas y volver al continente para analizarlos. Las muestras a tomar son pequeñas y entre ellas precisarían dientes. Ningún cadáver sería llevado al continente.

En el cementerio de Darwin, Islas Malvinas, inicialmente fueron sepultados los 47 efectivos que murieron en batalla de Pradera del Ganso, librada entre el 27 y 29 de mayo de 1982. Al finalizar la guerra, los militares británicos inhumaron a 218 soldados argentinos, algunos de los cuales se encontraban en tumbas colectivas y restos de los campos de batalla en distintos puntos del archipiélago. Después del conflicto el Reino Unido se ofreció a enviar los cuerpos a la parte continental argentina, pero los familiares de los caídos se negaron argumentando que «no hay nada que repatriar, porque están en su patria».​

Fueron enterrados individualmente con honores militares y una sola misa cristiana. Muchos isleños se han manifestado en contra del del cementerio, ya que según ellos el gobierno argentino «usa esto para razones políticas». La ubicación fue una condición dada por los isleños para que las cruces no pudieran ser vistas desde las cercanas localidades de Puerto Darwin y Pradera del Ganso. El cementerio está dentro de una pequeña hondonada, rodeada de cerros, fuera de la vista de los malvinenses.​

Los cuerpos de tres pilotos hallados después del final de la guerra, fueron enterrados también allí. El capitán Jorge Osvaldo García salió expulsado con éxito de su Skyhawk después de ser derribado por un misil tierra-aire Sea Dart el 25 de mayo de 1982, pero su cuerpo no fue recuperado del agua y fue hallado al año siguiente.

El teniente Giménez, fue piloto de un Pucará y su cuerpo fue encontrado en 1986. A su entierro asistieron sus familiares, quienes fueron los primeros parientes de los soldados argentinos en visitar las islas tras la guerra. El tercer piloto argentino fue el teniente Jorge Casco, cuyos restos se encontraron en 1999 cerca de la Isla de los Arrecifes. Estos no pudieron ser reconocidos, ya que no se encontraron sus placas identificatorias, y recién en julio de 2008, cuando fueron entregados a la Argentina, se los pudo enviar al Banco Nacional Genético del Hospital Durand, donde luego de realizar las pruebas de ADN se confirmó su identidad. Fue enterrado con honores militares en el cementerio el 7 de marzo de 2009, tras un pedido de los familiares.​

Desde 1999, se permitió a los familiares los viajes a las islas, la construcción de un monumento a los caídos y se les adjudicó el mantenimiento del cementerio. El predio estaba rodeado por una pequeña cerca blanca. En 2004 la Comisión de familiares de los caídos, idearon y financiaron la construcción de un monumento. El cementerio fue protegido por un recinto amurallado, cubierto de césped y se erigió un cenotafio con la imagen de la Virgen de Luján.

La obra, fué rechazada en tres ocasiones de forma sistemática debido a sus exigencias por La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas. Finalmente, la estructura fue premoldeada en la Argentina continental y trasladada al cementerio en febrero de 2004 en un buque con la bandera de Antigua y Barbuda. Su armado fue realizado por una empresa británica, y finalizando en abril del mismo año.

Los diseños propuestos habían sido objetados por su tamaño (ya que la cruz y los muros les parecían a los malvinenses «demasiado altos») y rechazaron la posibilidad de construir una capilla pequeña junto a las tumbas. Con respecto al plano original y la modificación malvinense, la cruz del monumento se redujo a la mitad, como así también los muros, las placas con los nombres de los combatientes muertos y la imagen de la Virgen de Luján. Además, se aceptó que los nombres de los enterrados no contuvieran ninguna inscripción que identifique la fuerza operada en 1982 ni el rango, sino que solamente el nombre. El objetivo de las críticas, rechazos y demoras de los malvinenses era que el monumento no estuviera listo para el 20° aniversario del conflicto.​

El monumento fue inaugurado en octubre de 2009 ante 300 familiares de caídos. El viaje fue organizado, luego de un acuerdo entre los gobiernos argentino y británico, por la Comisión de Familiares y Cascos Blancos. Para el viaje, el gobierno británico pidió que los familiares no cantaran el Himno Nacional Argentino ni enarbolaran o hicieran flamear banderas argentinas, ya que «podrían haber sido interpretados como actos provocadores» por la población local.

Desde 1999, el gobierno argentino buscaró la aprobación británica para acompañar el monumento con una bandera argentina. Luego se habló de incluir una bandera tallada en la obra o pintar el monumento de celeste y blanco. Finalmente, quedó en la nada por el rechazo kelper contra muestras de nacionalismo argentino.

Hoy en día, flamear los colores de la bandera argentina está prohibido por la legislación isleña en el resto de las Malvinas. A principios de diciembre de 2014, y por la presión civil por un petitorio comunitario colgado en todos los espacios públicos de Puerto Argentino y repartido en el periódico Penguin News, la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas anunció que analiza si prohíbe o no el despliegue de banderas de la Argentina en la totalidad de las islas, como así también de pancartas y pintadas de grafitis con la leyenda «Malvinas Argentinas»

Luego de años de trabajo de investigaciones junto con familiares de caídos y ex combatientes, Juan Carr, fundador de la ONG Red Solidaria, anunció en 2012 la presentación de un «pedido humanitario» a la Cruz Roja Internacional como mediadora ante el Reino Unido para poder identificar a los 123 soldados desconocidos.

#058 El Paraíso Prohibido

El lago alambrado, la historia del paraíso prohibido

Todo comenzó a mediados de los ‘90, cuando el boom de la Patagonia se insinuaba pero aún no había estallado. Era una tierra virgen y maravillosa, pero todavía alejada de las cámaras. En el país no había todavía una ley de tierras que limitara la extranjerización de naturaleza (recién la hubo en 2011). Y la cosa era simple: poniendo plata, se podía comprar lo que fuera. Hasta la tierra fiscal. Carlos Menem invitaba a que todo el que quisiera su campo en la Argentina se viniera al Sur “porque acá lo que sobra es tierra”, decía el riojano.

Ya habían llegado los Benetton, que todavía son, los mayores propietarios privados de hectáreas del país. También se había afincado el magnate de medios Ted Turner, en Villa Traful. Y un operador inmobiliario, Nicolás Van Ditmar, dio con el inversor soñado: Joseph Lewis, un millonario inglés, la sexta fortuna del Reino Unido, que buscaba el paraíso.

A 30 kilómetros de El Bolsón, existía una familia, de doce hermanos que ocupaban desde siempre un paraíso fiscal de 11 mil hectáreas alrededor de un espejo de agua entre montañas: el Lago Escondido. No contaban con títulos de propiedad, pero con el derecho de iniciar un juicio contra el Estado para ser reconocidos como dueños. A los Montero los hicieron titularizar y luego les compraron por 12 millones de dólares. A uno se le permitió seguir viviendo dentro de los límites de la finca, como puestero. A otros les dieron departamentos en Bariloche y plata. El magnate comenzó a edificar su mansión, se instalaron alambrados, se abrió un camino para que invitados y empleados llegaran por tierra y se colocó una garita de seguridad en el comienzo de ese camino para determinar quién pasa y quién no.

Nicolás Van Ditmar hijo fue nombrado administrador de Hidden Lake S.A. con el 1% de las acciones de la compañía. Lewis posee el 99% restante. En varias oportunidades, cuando surgieron denuncias contra el inglés por ocupar una zona de seguridad de frontera, algo prohibido por ley, la respuesta de sus abogados fue que Hidden Lake es una sociedad anónima radicada en el país y con accionistas argentinos. En el año 2014, durante un pico de protestas por el impedimento de acceder al lago, Van Ditmar, hombre de carácter, expresó: “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura, con sangre si hace falta”.

Los años siguientes al desembarco, fueron de consolidación como vecino. La construcción del reino de Lewis se convirtió en el mayor empleador de El Bolsón y tendió puentes con todos los niveles del poder. No existe prácticamente ningún gobernador de Río Negro que no haya pasado por el lago para comer un asado. También se dice que muchas veces llegaron celebridades en vuelos privados para participar de fastuosos banquetes. Se habló de Messi, de Arjona, de alguno de los Stones. De políticos. Pero más allá de eso, Lewis se convirtió en un benefactor. Movido, según sus palabras, por un altruismo desinteresado, donó ambulancias, materiales para escuelas, colchones. Costeó estudios médicos de pobladores, financió viajes educativos para jóvenes de la región. Construyó un centro recreativo llamado All About Kids, en donde, entre otras cosas, se enseña inglés a los niños de la comarca andina.

La Patagonia pintada de Macondo, el modelo de felicidad Neverland promovido por Lewis. Cada vez que el vecino llega, entre diciembre y marzo, la mansión abre las puertas a sus invitados para celebrarlo. Se contratan combis que salen a buscar niños de orfanatos y parajes cercanos y los traen a la finca para pasar el día. Se organizan torneos de fútbol, pruebas de destreza física. Los adultos compiten por la Copa Lago Escondido.

Todas las costas de los ríos y los lagos del país son públicas. El nuevo Código Civil redujo a 15 metros el llamado camino de sirga, el espacio que antiguamente debían reservar los dueños de predios linderos con vías navegables para que se pudieran remolcar las embarcaciones. Los terrenos siguen siendo privados, pero con una limitación que no permite que sus dueños impidan el uso público de la franja costera. El dilema con el Escondido sigue siendo cómo llegar a sus costas públicas. Lewis tiene toda la tierra que las rodea. Sería como comerse la yema de un huevo sin tocar la clara.

Tres fallos obligan a Hidden Lake S.A. a abrir una servidumbre de paso al lago. Y todas las instancias, hasta la Corte Suprema, están agotadas. Van Ditmar, en cambio, dice que ya cumplieron. “Cedimos gratuitamente un acceso. Es una caminata muy linda que en verano la gente la hace. Y generamos otro acceso por el Río Manso.”

El primero, es el camino Tacuifí (Amarillo), que sale desde El Foyel. Según los locales, ésta debería ser la servidumbre pública al Escondido, pero no sirve. Comienza atravesando un caserío (donde viven muchos empleados de Lewis) hasta que la huella se corta en el caudaloso río Foyel, cuyo puente fue derrumbado y su lecho dragado por operarios de Lewis con la finalidad de mantener alejada a la población y turistas. Si estuvieran los dos puentes que se necesitan para habilitarlo desembocaría sobre la margen derecha del lago. Los visitantes, entonces, tendrían una vista magnífica de la mansión y hasta podrían jugar en su amarradero.

El otro acceso (Azul) desemboca del otro lado del lago, lejos de la mansión, con el que ironiza Van Ditmar. Es una huella de caballo que propone como acceso popular. Lo hacen menos de 20 personas por año. Y se entiende por qué: son entre 50 y 60 kilómetros de ida y vuelta y se requiere, siendo rápidos, por los menos dos o tres días de trekking, con equipo para acampar en la montaña. Más que un paseo, un desafío en todos los sentidos.

#054 Tierra Pilagá

Al finalizar la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) Argentina comenzó la ocupación del Chaco Austral y Central, creándose la gobernación del Chaco en 1872, que fue dividida en 1884 quedando los pilagás dentro del área asignada al Territorio Nacional de Formosa.

Luego de sucesivas campañas expansivas, en 1899 el general Lorenzo Vintter inició una campaña militar al mando de 1700 hombres que llevó la línea de frontera hasta el río Pilcomayo, concluyendo con la ocupación militar efectiva del Chaco argentino. Las tierras pilagás y de otros pueblos fueron ocupadas por colonos y los indígenas que sobrevivieron a la guerra y a las enfermedades nuevas para ellos, fueron utilizados en las plantaciones de algodón e ingenios azucareros, como auxiliares de las fuerzas militares o deportados como prisioneros a la isla Martín García. Muchas mujeres y niños fueron enviados a trabajar como criados en de las familias de los centros urbanos. En 1900 Los pilagás remanentes se desplazaron hacia el interior de la provincia de Formosa y luego algunos se establecieron en la ciudad de Formosa.

Durante la primavera de 1947, cientos de familias pilagás, provenientes de distintos parajes y que regresaban desde los Ingenios azucareros de Ledesma, Las Palmas y Tabacal luego de haber sido defraudadas y estafadas por el Ingenio Azucarero de San Martín del Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, se reunieron en La Bomba en torno a un sanador llamado Tonkiet (Luciano Córdoba) en La Bomba, a pasos de Las Lomitas y a escasos metros del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. Las familias viajaron desde los parajes más distantes para escuchar las novedosas noticias sobre un Dios hasta entonces desconocido y experimentar el poder de la palabra escrita en la Biblia.

Allí permanecieron muchos días mientras más familias seguían llegando convirtiendo al paraje en un sitio de debate político y religioso del que infructuosamente se intentó desalojarlos. Luego de varios días, el Gobierno de Perón envió desde Buenos Aires, tres vagones del Ferrocarril Belgrano con ropas, medicinas y alimentos, de los cuales llegaron solo dos y con alimentos en mal estado, lo que provocó intoxicaciones masivas y muertes. Sin embargo las memorias de los sobrevivientes sugieren que los alimentos provenían de los almacenes de Las Lomitas, habituales proveedores de las Colonias Indígenas estatales, y pudieron haber sido “entreverados con gamexane”.

Durante los primeros días de octubre de 1947, los gendarmes y más tarde Abel Cáceres, un funcionario de la Dirección de Protección al Aborigen, intentaron infructuosamente desalojar a los pilagás y despejar el paraje. El 10 de octubre por la tarde, efectivos de la Gendarmería Nacional, dispararon con fusiles y ametralladoras pesadas contra la multitud. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de las familias por el monte se extendieron durante semanas. Durante la primera mitad del mes, un número indeterminado de adultos y niños murieron debido a las heridas, a la sed, el hambre, y en otros fusilamientos. Durante la segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las capturas, se utilizó la violación como arma y se asesinó no solo a adultos sino también a niños.

Un día después del primer fusilamiento, un Documento Confidencial y Secreto del Ministerio, firmado por el Director General de Gendarmería Nacional, informó al ministro del Interior, sobre un supuesto levantamiento indígena y sobre la movilización de tropas por parte del Ministerio de Guerra. El 16 de octubre un nuevo Documento anuncia que un avión ha despegado el día anterior desde la Base MIlitar de El Palomar en Buenos Aires para colaborar en la represión. El avión se detuvo en Resistencia donde se le colocó una ametralladora Colt y se unió a la tripulación el comandante de la Zona Norte, Julio Cruz Villafañe.​

Las familias capturadas con vida fueron llevados a su destino final en las Colonias Aborígenes de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas a donde se las “redujo” a trabajar como peones bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen y la vigilancia de la Gendarmería. La prensa colaboró con el ocultamiento de los hechos de La Bomba, publicando un día después de ocurrida la masacre, las noticias de un “malón indio” atacando el pueblo de Las Lomitas. En La Prensa, Crítica y La Razón las familias pilagá fueron acusadas de haber protagonizado un “Levantamiento”, que avanzó sobre Las Lomitas asaltando a la población. Noticias Gráficas dijo que los pilagá “habrían hecho uso de armas de fuego”, y “habrían dado muerte a una mujer”, La Nación agregó que esta mujer era “cristiana”.

Casi sesenta años después, en 2005, la Federación del Pueblo Pilagá denunció el hecho y un grupo de abogados inició un juicio contra el Estado nacional por crímenes de lesa humanidad. Abierta la investigación, un equipo científico forense halló en el lugar restos de 27 cadáveres de indígenas con restos de elementos militares compatibles con equipamiento de la Gendarmería nacional.​

El 14 de octubre de 1947, una de las ametralladoras que dispararon estaba a cargo de Leandro Santos Costa, en ese entonces alférez de Gendarmería. Fue felicitado por dicha fuerza por su accionar, considerándola “valerosa y meritoria”. Luego de eso se dedicó a la abogacía, y ejerció como juez. Fue integrante de la Cámara Federal de la ciudad de Resistencia hasta su renuncia en 1999, seis años antes de que se presentara la causa por crímenes de lesa humanidad. Murió impune en 2012.

El avión JU-52T-153, que había partido desde la base área de la I Brigada Aérea de la FAA, disparó a mansalva a los pobladores de la comunidad pilagá. Los disparos fueron realizados por el gendarme Carlos Smachetti, que se encontraba acompañado por otro piloto, dos mecánicos y un radioperador. La defensa de Smachetti, como único procesado, sostuvo que debía aplicarse el Código de Justicia Militar vigente en ese momento y que se había violado el principio de juez natural.